Instituto de Formación para Educadores de Jóvenes, Adolescentes y Niños Trabajadores de América Latina y el Caribe

Defensoría del Pueblo: urge activación de comisión especial que promueva uso seguro de las TIC ante peligros en el entorno digital para niñas, niños y adolescentes

Ante el caso de la niña que falleció luego de ingerir pastillas al haber participado presuntamente en el “reto de la pastilla”, promovido en redes sociales, la Defensoría del Pueblo lamenta profundamente su fallecimiento y considera urgente que el Estado, al igual que padres, madres, cuidadores y la sociedad en general adopten medidas permanentes de prevención para evitar hechos similares en niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, expresa lo siguiente:

  • Recordamos que la Ley n.º 30254, Ley de promoción para el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicaciones por niños, niñas y adolescentes, establece la obligación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de activar el funcionamiento de la comisión especial creada por dicha ley para que, en coordinación con otros sectores propongan y definan lineamientos sobre el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el país; así como promuevan la comunicación fluida entre los operadores, usuarios y los tres niveles de gobierno para el planeamiento y ejecución de campañas educativas y herramientas tecnológicas que puedan contribuir a la protección de este grupo poblacional.
  • Si bien, el entorno digital tiene una creciente importancia para diversos aspectos de la vida de niñas/os y adolescentes, como en situaciones de crisis, donde la educación y otros servicios dependen de las TIC. Ello obliga a considerar que existen amenazas a sus derechos como los contenidos violentos y sexuales, el ciberacoso y cualquier práctica que induzca a la autoagresión o de otras personas; situaciones que deben ser prevenidas y rechazadas desde el hogar, la escuela y todos los espacios donde las personas menores de edad permanecen o son atendidas/os, tal como lo ha recomendado el Comité de los Derechos del Niño; asimismo, se debe prevenir a través del uso de filtros o bloqueos de páginas de contenido pornográfico o violento, entre otros.
  • En esa medida, corresponde a las escuelas implementar, mediante el Comité de Gestión del Bienestar, las normas de convivencia escolar, con énfasis en el fortalecimiento de conductas de autocuidado de las/os estudiantes para garantizar su bienestar y desarrollo integral; es función de las UGEL brindarles asesoría al respecto y supervisar su cumplimiento.
  • De otro lado, recordamos a padres, madres y cuidadores de niñas, niños y adolescentes estar alertas ante los riesgos del entorno digital y prevenirlos, pero sobre todo es fundamental brindar especial cuidado a la salud mental para promover el rechazo de prácticas que lesionen o pongan en riesgo su integridad.
  • Sobre este particular, instamos a las autoridades educativas, en coordinación con las sanitarias, a garantizar la atención oportuna de problemas de salud mental, con especial énfasis en la prevención de conductas que puedan perjudicar su bienestar y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
  • La Defensoría del Pueblo informa que el día de ayer inició investigación sobre los hechos ocurridos, habiéndose realizadas actuaciones inmediatas ante las autoridades educativas competentes y la Policía Nacional del Perú, asimismo, solicitamos la inmediata intervención para el esclarecimiento de dichos hechos y se supervisó la atención de la niña en el Hospital Cayetano Heredia, donde se identificó que no contaba con el Seguro Integral de Salud (SIS) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estaba cubriendo los gastos.

Finalmente, nuestra institución recuerda que es deber del Estado, la familia y la comunidad reforzar las medidas de protección especial a niñas, niños y adolescentes, conforme lo establece la Constitución Política y otras normas internas en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño; lo que implica garantizar la vigencia plena de sus derechos ante los diversos riesgos en el entorno físico y digital. Ellas y ellos conforman uno de los sectores poblacionales más vulnerables, especialmente, cuando tienen ciertas condiciones que incrementan su vulnerabilidad (migrante, con discapacidad, indígena, entre otros).

Fuente: Defensoría del Pueblo

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